Condenan a 30 años de cárcel tres venezolanos por cargamento de cocaína en año 2017; procesan también un dominicano
Por Franklin Cordero
LA ROMANA, República Dominicana.- El Tribunal Colegiado de La Romana condenó a 30 años de cárcel a tres venezolanos implicados en 878 kilos de cocaína ocupados en una lancha, próximo a la isla Catalina en 2017.
Kendri Ramón Vargas Amundarain, Oswaldo José Martínez Ramos y Leonardo Lugo deberán cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama (CCR-15).
Por su vinculación con este caso, la Justicia también procesa al dominicano Miguel Santillán Mejía.
Los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, presidente, Idenisse Catedral y Jossephang Bernhardt dictaron la sentencia basándose en las pruebas que durante el juicio de fondo aportó el Ministerio Público.
La droga fue ocupada el 28 de diciembre de 2017 por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los extranjeros y el criollo fueron sometidos a la justicia por su responsabilidad sobre los 849 paquetes de cocaína, con un peso total de 878.16 kilogramos.
Los organismos del Estado recibieron informaciones de inteligencia de que una organización de narcotraficantes realizaría una operación de narcotráfico internacional en el área costera de La Romana.
En total fueron ocupados 850 paquetes, uno de los cuales dio negativo al análisis de sustancias controladas
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 4-D, 5-A, 58-A, 59, párrafo I, 60 y 75, párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de República Dominicana.
La investigación fue realizada por el fiscal Héctor Julio Matos, mientras que la litigación estuvo a cargo del fiscal Héctor de los Santos.
«Las autoridades también ocuparon un billete de 100 bolívares, dos maletines plásticos con diferentes objetos y una mochila que contenía documentos personales», indica una nota de prensa de la Procuraduría General de la República.
La operación se llevó a cabo con el apoyo de la Armada de República Dominicana y la Drug Emforcement Administration (DEA).
